UN SECUESTRO AEREO VUELVE A COMPLICAR LAS RELACIONES EEUU-CUBA
Washington, 9 jul (EFE).- Estados Unidos y Cuba están abocados a un nuevo incidente si Washington, como parece probable, se niega a extraditar al militar cubano que secuestró un avión comercial para que aterrizara en la base norteamericana de Guantánamo.
El teniente coronel cubano José Fernández Pupo pidió asilo político en EEUU el pasado domingo, día 7, después de secuestrar, encañonando al piloto, un avión con 17 pasajeros que volaba desde la ciudad de Santiago a la de Guantánamo.
Las fuentes consultadas por EFE consideraron "razonable" que Fernández Pupo, aunque no fuera devuelto a su país, sí sea castigado por un claro acto de "piratería aérea".
Al parecer, el secuestrador llegó a disparar un tiro dentro del avión para convencer al piloto de que iba en serio; de que aterrizara en la base naval de EEUU en Guantánamo, a poca distancia de la ciudad cubana del mismo nombre.
El Gobierno de Estados Unidos tiene sólo tres opciones: repatriar al secuestrador, procesarlo y juzgarlo en este país por piratería aérea, o darle asilo político.
Un funcionario del departamento de Estado confirmó hoy a EFE que Fernández Pupo "está todavía detenido" y que será el departamento de Justicia "el que se encarge de decidir sobre el caso".
Por su parte, un portavoz del departamento de Justicia añadió que aún no ha terminado la investigación, en manos de la Oficina de Inmigración y Naturalización.
Fuentes gubernamentales que prefirieron no identificarse adelantaron el lunes que es "improbable" la repatriación de Fernández Pupo, un gesto que sería muy mal recibido por la influyente comunidad cubana de Miami.
La Fundación Nacional Cubano Americana, la organización más importante del exilio en este país, advirtió rápidamente al Gobierno que devolver al secuestrador sería "como condenarlo a muerte".
Las autoridades de La Habana, por su parte, han apelado a las leyes internacionales contra los secuestros aéreos para reclamar al oficial. En caso contrario, "Cuba considerará que Estados Unidos está alentando la emigración ilegal", según dijo el portavoz del ministerio cubano de Exteriores, Miguel Alfonso.
El Gobierno de Fidel Castro cita además los acuerdos bilaterales que pusieron fin a la llamada "crisis de los balseros", un éxodo masivo de cubanos que se echaron al mar en agosto de 1994 para ganar las costas de Florida.
Con objeto de superar aquella crisis, Estados Unidos abandonó su tradicional política de asilo inmediato a los refugiados cubanos y se comprometió a devolver a aquellos que fueran recogidos en alta mar o que intentaran llegar ilegalmente a su territorio a través de la base de Guantánamo.
Un funcionario de la Sección de Intereses de Cuba en Washington, José Ponce, declaró hoy a EFE que "Estados Unidos tiene compromisos adquiridos desde aquel acuerdo (de 1994, ampliado en 1995), y que esta acción ha violado dos de sus preceptos: ha habido uso de la fuerza para desviar un avión y se ha utilizado Guantánamo para entrar en este país".
El portavoz del departamento de Estado, Nicholas Burns, reconoció hoy que Fernández Pupo secuestró el avión "y puso en peligro la vida de tres miembros de la tripulación y catorce pasajeros, todos ellos ciudadanos de Cuba".
Sin descartar ninguna opción, Burns añadió que el teniente coronel "está detenido como sospechoso de un crimen muy serio -piratería aérea-, y nosotros, obviamente, condenamos todos los actos de piratería aérea".
El incidente se ha producido en plena campaña electoral a la Casa Blanca y cuando EEUU sigue bajo la presión de buena parte de sus aliados (Canadá, México y la Unión Europea, entre otros) debido a la ley Helms-Burton, una polémica iniciativa para endurecer un embargo contra la isla que dura más de 30 años.
El último conflicto grave entre Estados Unidos y Cuba ocurrió el pasado 24 de febrero, cuando la fuerza aérea cubana derribó dos avionetas civiles del grupo del exilio "Hermanos al rescate", acusado reiteradas veces por La Habana de violar su espacio aéreo y sus aguas jurisdiccionales.
Aquel suceso, que costó la vida a los dos pilotos, fue llevado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y supuso una respuesta contundente por parte de Estados Unidos, cuyo Gobierno dio el empujón final a la ley Helms-Burton. EFE
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