Un grupo de la disidencia interna presentó ayer a la Asamblea Nacional una inédita demanda para convocar un referéndum por la democracia en Cuba, avalado por miles de firmas, a dos días de que el ex presidente estadounidense Jimmy Carter inicie una histórica visita a la isla comunista.

El dirigente del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), Oswaldo Payá, llegó hasta la sede del poder legislativo para presentar el denominado ''Proyecto Varela'', suscrito por 11,020 ciudadanos, haciendo uso por primera vez en Cuba de un instrumento constitucional para poner en entredicho al gobierno de Fidel Castro.

'Exigimos que el `Proyecto Varela' sea publicado para que todos lo conozcan y puedan decidir sobre él'', señaló Payá en un comunicado distribuido a la prensa extranjera en La Habana.

La iniciativa disidente fue lanzada en 1998 y debió sortear serios obstáculos para poder alcanzar, casi tres años después, las 10,000 firmas que establece la Constitución cubana como requisito previo a la convocatoria a referéndum.

''Más de 20,000 cubanos que firmaron esta demanda de apertura (democrática) son verdaderos héroes'', indicó Payá en el comunicado y precisó que no se pudo presentar la totalidad de las firmas recogidas debido ``a la represión desatada por el régimen''.

El Proyecto Varela promueve una consulta popular para exigir la vigencia de libertad de expresión y asociación, la amnistía a todos los presos políticos, autorizar a los cubanos a instalar sus propias empresas y exigir la realización de elecciones libres y pluripartidistas en un plazo de nueve meses a un año.

''Es un acontecimiento muy relevante en nuestra historia política, ya que por primera vez más de 10.000 personas se atreven a romper con la cultura del miedo'' impuesta por el gobierno comunista y dar la cara para expresar su disenso, dijo el dirigente opositor Elizardo Sánchez Santa Cruz al comentar la iniciativa.

Sostuvo que ''ver algo semejante era algo impensable años atrás, lo que refleja que estamos ante un cambio, que hay nuevos tiempos en Cuba'', añadió Sánchez Santacruz, quien preside en la isla la ilegal Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CDHRN).

El dirigente admitió que hay ''pocas posibilidades'' de que el gobierno de Castro acceda a las peticiones formuladas en el Proyecto Varela y desconozca así sus propias leyes, que le exigen ofrecer respuesta en un plazo de 60 a 90 días.

''Ahora nos corresponde a nosotros, al pueblo, hacer que esto se cumpla'', advirtió Sánchez Santacruz al señalar que la oposición ''está dispuesta a dar la batalla'' por lograr una apertura democrática y pacífica en la isla.